La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 está obligando a las distintas administraciones públicas a tomar medidas en todos los ámbitos, de cara a, en primer lugar, garantizar la seguridad en todo el territorio nacional y, en segundo lugar, paliar los efectos que esta crisis provocará a corto y medio plazo.

Las Entidades Locales, como administración más cercana a los ciudadanos, están llevando a cabo actuaciones más concretas, ya que son más sensibles a la realidad particular de cada municipio.

En este sentido, a continuación, se recogen las principales medidas puestas en funcionamiento desde el ámbito local en materia administrativa, financiera y económica.

Ámbito administrativo

De cara a garantizar el correcto funcionamiento de los diferentes órganos colegiados que componen el Ayuntamiento (Pleno, comisiones, etc.) y la validez de los acuerdos tomados en los mismos, se ha habilitado a las Corporaciones Locales, mediante la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, para que puedan llevarse a cabo reuniones telemáticas de estos órganos, garantizando la validez de todas las decisiones que se tomen. Así se lo hizo saber la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local mediante nota informativa (enlace).

Del mismo modo, para que las entidades locales puedan obtener autorización por parte del Ministerio de Hacienda para acceder a los mecanismos de endeudamiento durante la vigencia del estado de alarma, se ha habilitado un procedimiento telemático para remitir toda la información necesaria y obtener resolución por parte de la autoridad (enlace). La misma solución se ha planteado para la tramitación de solicitudes del informe de sostenibilidad financiera durante el mismo periodo (enlace).

Ámbito financiero

Según la legislación actual, los Ayuntamientos no tienen competencias en materias como sanidad o educación, por lo que su mayor capacidad de acción en esta crisis derivará de las actuaciones que lleven a cabo desde las áreas de servicios sociales.

Por ello, y según establece el artículo 3 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, las Entidades Locales podrán destinar el superávit correspondiente al año 2019 a financiar gastos de inversión que estén incluidos en la política de gasto 23 (Servicios Sociales y promoción social).

Sin embargo, los gastos corrientes y de capital derivados de la gestión de la crisis abarcan mucho más que las actuaciones sociales contempladas en el Real Decreto, debiendo los municipios hacer frente a labores de limpieza extraordinarias, desinfección de locales municipales, adquisición de material sanitario, etc., que, de no adaptar la legislación de estabilidad, y unida a la previsible caída de los ingresos municipales, podría suponer una dificultada para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y, sobre todo, la regla de gasto.

En todo caso, todo parece apuntar que se realizará una modificación ad hoc de la normativa de estabilidad para que los Ayuntamientos puedan emplear los superávits acumulados desde 2012 (en 2019 el superávit total fue de 3.839 millones de euros), sin que este gasto genere déficit en las cuentas municipales. Asimismo, es necesario también que se flexibilice la regla de gasto para todas las Entidades Locales con superávit, de manera que se pueda emplear para cualquier tipo de actuación, con independencia de si se trata de gasto corriente o de inversión y más allá del catálogo previsto para realizar llevar a cabo Inversiones Financieramente Sostenibles.

Junto a la flexibilización de las reglas fiscales, los Ayuntamientos están pendientes de la prórroga del destino del superávit de 2019 para 2020, incluida en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que se complementaría con la ya definida en el Real Decreto – Ley 8/2020.

A este respecto, la Federación Española de Municipios y Provincias (en adelante, FEMP) ha presentado al Gobierno un documento¹ en el que propone 19 medidas a tomar para que las entidades locales puedan hacer frente a la crisis del COVID-19 con todas las garantías posibles. Esas medidas abarcan diferentes ámbitos como son el financiero, económico, laboral, fondos europeos, contratación pública, transporte público y prevención.

Entre las medidas más destacadas se encuentra la de flexibilización de la regla de gasto, empleo de superávits presupuestarios y aumento del ámbito competencial para poder realizar más gastos en materias que corresponden a la administración central o a las comunidades autónomas. Asimismo, proponen que los ayuntamientos puedan gastar más del límite del 20% del superávit presupuestario en Inversiones Financieramente Sostenibles que establece el Real Decreto 11/2020 dada la gran cantidad de recursos acumulados tras ocho años consecutivos presentando superávit el sector local.

También, para dotar de más recursos a los ayuntamientos con los que hacer frente a los efectos a medio y largo plazo derivados de la crisis del COVID-19, se ha propuesto, a través del Comité de las Regiones una reordenación de los fondos y proyectos europeos para el periodo 2021 – 2027, orientando esos fondos a la reconstrucción de las economías locales afectadas².