El documento del Banco de España denominado “El acceso a servicios en la España rural” expone las diferencias que se producen en la accesibilidad a servicios entre las zonas rurales y las urbanas. En una primera parte establece dichas divergencias a nivel europeo para, posteriormente, descender a sus particularidades en España.

En cualquier caso, previo a la presentación de las principales conclusiones del informe, es relevante considerar el concepto de municipio rural. En este sentido, Eurostat lo define como todo aquel municipio de menos de 5.000 habitantes y/o una densidad de población inferior a 300 habitantes por kilómetro cuadrado.

En España, el 84% de los municipios tiene una población inferior a 5.000 habitantes. El mayor número de los mismos se encuentra en Castilla y León, y el menor, en Murcia.
 

La facilidad de acceso a servicios por parte de la población se establece en el estudio como indicador del grado de desarrollo económico y social. En este sentido, en el entorno europeo, España presenta, a nivel agregado, una mejor accesibilidad a servicios locales y regionales que la media de los demás países de la Unión Europea (UE):
 

En la UE, por otra parte, destaca que la accesibilidad a los servicios locales presenta más homogeneidad entre los diferentes países que la referida a servicios regionales. Esa accesibilidad oscila entre un mínimo de 1 km en París y un máximo de 45 km en la región sueca de Jämtlands Iän.

En relación a la posición relativa de las provincias rurales y urbanas españolas respecto a las europeas, se observa una particularidad importante. La accesibilidad a servicios locales en las provincias urbanas es similar a la del resto de regiones urbanas de la UE (2 km frente a 2,1 km de la media); sin embargo, en las provincias rurales españolas es significativamente menor al de las regiones europeas de las mismas características (12,4 km frente a 7,1 km). Por tanto. el diferencial rural-urbano es superior en España que en la media de países de la UE.

En España, las provincias con mejor accesibilidad a servicios locales son Madrid (1,5 km) y Barcelona (1,6 km). Por el contrario, las que tienen peor accesibilidad son Teruel (20 km), Zamora (16,4 km) y Cuenca (15 km), provincias predominantemente rurales.

Las comunidades autónomas en las que mayores diferencias se producen, en cuanto a nivel de accesibilidad de servicios locales, entre municipios rurales y urbanos son Castilla- La Mancha (con una diferencia de 32,64 km) Aragón (28,30 km) y Castilla y león (24,59 km). Por el contrario, son las autonomías de Murcia (2,84 km) y Baleares (3,37 km) las que presentan menores contrastes.

Las características geográficas de los municipios rurales se asocian directamente con la peor accesibilidad a los servicios. Sin embargo, también se relaciona esta situación con los rasgos financieros de sus ayuntamientos. En este sentido, estas entidades se definen, respecto a los urbanos, por las siguientes particularidades:
 

El estudio se completa con un análisis econométrico que establece cuáles, de las características de los municipios rurales, tienen un mayor peso en la condición de peor accesibilidad a los servicios locales. De este modo, se obtiene que no solo las diferencias geográficas entre los municipios rústicos y urbanos, sino también los efectos fijos de comunidad autónoma y las particularidades de la organización fiscal y presupuestaria de los ayuntamientos explican la mayor parte de esa condición.

En cualquier caso, la importancia relativa de los factores explicativos y la brecha de accesibilidad son diferentes en función del servicio del que se trate. En este sentido, cabe destacar que dicha brecha es mayor en los servicios digitales. El estudio apunta que en 2019 el porcentaje de hogares con acceso a banda ancha en zonas urbanas era del 93%, sin embargo, en las zonas rurales era del 84%

Por otra parte, en la evaluación del impacto de la actuación de los ayuntamientos en la accesibilidad de los servicios, y considerando los mayores costes fijos que asumen los rurales, el documento apuesta por la constitución de mancomunidades como medio de obtener economías de escala. En este sentido, a nuestro juicio, existen otras entidades locales que ya tienen asignadas competencias en el apoyo y asistencia a los pequeños municipios, y que podrían asumir ese papel, evitando el incremento de estructuras administrativas. Nos referimos a las diputaciones, consejos y cabildos.

Finalmente, cabe destacar que el documento apunta a la posibilidad de que factores normativos puedan limitar la provisión de determinados servicios públicos en los municipios rurales. Considera que la distribución de competencias entre los diferentes niveles de la administración pública adolece de falta de claridad. Este hecho determina que los ayuntamientos, al ser los entes más cercanos al ciudadano, asuman gasto impropio como consecuencia de la prestación de servicios que no forman parte de su ámbito competencial. Desde luego, en esa situación, los ayuntamientos rurales estarían en una peor posición, por la ausencia de economías de escala y su menor autonomía financiera. Sin embargo, en este ámbito, cabe destacar el seguimiento que, atendiendo a lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, viene realizando el correspondiente órgano de tutela financiera sobre el ejercicio de competencias impropias, de forma que estas únicamente se pueden desarrollar si no se pone en riesgo la sostenibilidad de la hacienda municipal.

En todo caso, el estudio del Banco de España contribuye, de forma muy pertinente, a situar a los municipios rurales en el ámbito de la accesibilidad de servicios. En el marco que describe, es indudable la procedencia del plan que el Gobierno ha elaborado para evitar la despoblación de la España rural, así como de su proyecto de destinar una parte de los fondos Next Generation a la dinamización de esta.

(Puede acceder al documento del Banco de España en este enlace.)